La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, además de contribuir a medir la transparencia, eficacia, economía y eficiencia del proceso presupuestario.

Asimismo, la LGCG establece que los entes públicos deben publicar en sus páginas de Internet su programa anual de evaluaciones, las metodologías e indicadores de desempeño así como los resultados de las mismas. Además, en esta Ley se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el ámbito de sus competencias, enviarán al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)[1] los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que el CONAC, en el ámbito de sus atribuciones, determine los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones.

Establece que los estados, municipios y sus entes públicos se sujetarán a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Respecto a estos últimos tres principios, la LDF se vincula con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de establecer las normas contables necesarias para asegurar la congruencia con la misma, y con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), al estar facultado para dicha tarea, emitió los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos necesarios para dar cumplimiento a la LDF.